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Presentación

Durante las últimas décadas se ha incrementado la preocupación por la seguridad de los trabajadores en el sector de la construcción, y en especial, por los sistemas de protección colectiva, como la medida más eficaz para la prevención de riesgos laborales de las diferentes actividades que concurren en este sector.

 

Protocolo para la acreditación de empresas en la actividad de implantación de sistemas de protección colectiva

Ante la gran demanda de servicios para la prevención de riesgos laborales y la creciente tendencia en el sector de construcción de externalizar la prevención, se ha constituido un gremio especializado en dar servicio en la implantación de sistemas de protección colectiva (SPC).

Al mismo tiempo, es posible que las labores de implantación de sistemas de protección colectiva puedan ser desarrolladas por trabajadores de otras empresas, que sin estar especializadas en esta actividad también deben realizarlas para proteger al resto de trabajadores de la obra.

La característica común a todas estas empresas es la necesidad de emplear unos procedimientos de producción específicos para las labores de implantación de SPC.

Ante la disparidad de criterios y exigencias que se le aplican a las empresas que realizan esta actividad, sean o no especializadas, desde la Asociación Nacional de Entidades para la Implantación de la Prevención (en adelante ANEIP) se ha creído oportuno establecer un protocolo unificado de acreditación de empresas en la actividad de implantación de SPC.

ANEIP está reconocida por el Ministerio de Trabajo como la entidad empresarial específica de esta actividad, representando al colectivo ante la patronal del sector (Confederación Nacional de la Construcción, CNC) a través de su integración en la Federación de Gremios de la Construcción.

El protocolo para la acreditación de empresas en la actividad de implantación de SPC es una iniciativa de buena voluntad del gremio para fomentar su autorregulación, según las directrices generales de la Unión Europea.

En todo momento ha de entenderse que esta acreditación será voluntaria y debe cumplir con los requisitos de libre competencia establecidos por la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.